Honduras: la otra cara de la moneda
La OEA, el MERCOSUR y el resto de comunidad internacional reaccionaron con espanto al golpe en Honduras. Desde ya, se entiende su reacción al derrocamiento de un gobierno electo democráticamente.
Sin embargo, debemos analizar cuidadosamente el comportamiento democrático de Zelaya para poder juzgar las acciones de los golpistas.
Una particularidad de la Constitucion de Honduras es el énfasis que pone acerca de la reelección del presidente. El Artículo 239 que el ciudadano que ya haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado para otro período. Ademas, el Artículo 374 agrega que de la Constitución “No podrán reformarse, el artículo que se refiere al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.”
Otra cuestión es el rol de las Fuerzas Armadas. En este caso, la Constitucion también subraya la cuestión del a reelección. El Artículo 272 expresa “Las Fuerzas Armadas de Honduras, (…) se constituyen para defender (…) el imperio de la Constitución, (…) y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Analicemos ahora que fue lo hizo Zelaya que fue causa directa de su derrocamiento. Como se ha expresado en informes anteriores, Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, mediante el cual convocaba a una consulta popular, cuyo último fin era el referéndum para una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva Constitución, que permitiera su reelección indefinida.
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad se pronunciaron en contra del decreto, y la justicia falló el 27 de mayo suspendiendo el mismo.
El presidente resolvió entonces, emitir el Decreto Ejecutivo PCM-019-2009, mediante el cual anula el Decreto Ejecutivo que convocaba a una consulta popular, y en su lugar emitió un nuevo Decreto Ejecutivo, ordenando otro plebiscito nacional programado para el domingo 28 de junio de 2009, en que planteó la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?
Esta consulta popular no vinculante fue posteriormente considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.
No obstante, el Presidente Zelaya continuó adelante con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar esa orden, Zelaya anunció su destitución. Poco después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos.
El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez. Al día siguiente la situación en Honduras parecía más calmada, y los militares abandonaban Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el General Vásquez se los ordenase. Poco después, el Presidente Zelaya irrumpió en una base de la Fuerza Aérea donde se guardaba el material electoral que el General Vásquez se había negado a distribuir, retirándolo del lugar.
El 27 de junio el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya, supuestamente "por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el Estado de Derecho". Solamente cuatro diputados izquierdistas se opusieron a la moción del Congreso.
Al enterarse que los principales grupos parlamentarios lo habían acusado de violar la constitución y de estar incapacitado mentalmente, Zelaya respondió: ‘‘Ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias. ’’ De esta manera, al final del día la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República se habían unido a la opinión del Tribunal Electoral, declarando ilegal la consulta. El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, manifestó también su oposición a la controversial consulta.
El resto de los hechos son ampliamente conocidos. El 28 de junio las fuerzas armadas hondureñas irrumpieron en la residencia presidencial, para posteriormente detener al presidente Manuel Zelaya. Luego, fue trasladado a la base de la Fuerza Aérea al sur de Tegucigalpa para ser llevado finalmente a Costa Rica.
Ahora, la presidenta argentina Cristina Fernandez , reclama ante el MERCOSUR que sus pares exijan la restitución de Zelaya. "Deberíamos hacer un pronunciamiento firme, claro y contundente en este ámbito sobre la situación que vive Honduras". A su vez, se hizo hincapié en que el nuevo gobierno de facto destituyó a un gobierno legítimo. Legitimo? Veamos cómo define la Constitución la legitimidad del gobierno.
Por: Jimena Canda
Fuentes:
La nacion
Constitucion Nacional de Honduras
Diario La Tribuna (Tegucigalpa)
Diario La Tribuna (Tegucigalpa)
Diario El Heraldo
