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Crisis en Japón: dimite Primer ministro

Hace aproximadamente un año, Japón debió hacer frente a la renuncia del Primer Ministro, Shinzo Abe, quién, presionado por escándalos de corrupción y condicionado por la negativa del parlamento para aprobar la Ley Especial de Medidas Antiterroristas[1], resolvió abandonar su cargo. Lo sucedió, así Yasuo Fukuda, también representante del Partido Demócrata Liberal, de 72 años y un carácter más moderado. Sin embargo, a pesar de todo pronóstico, el lunes 1ª de septiembre, la historia volvió a repetirse cuando Fukuda anunció que dejaba su puesto, como resultado de una lucha parlamentaria que pareciera estar condensándose cada vez más, sin ostentar solución posible.

Antes de adentrarse en mayores consideraciones, es necesario explicar que el sistema de gobierno japonés puede clasificarse como una monarquía constitucional, aunque en la práctica se asemeja más a una democracia parlamentaria. Esto significa que cuenta con un emperador, cuya función es simbólica, de representación de la tradición nipona (puesto que con la Constitución de 1946 se le aleja de las funciones de Gobierno), y con un parlamento o Dieta conformado por dos cámaras: Alta (con mayoría del Partido Demócrata) y Baja (con mayoría del Partido Liberal Democrático –PDL- o partido oficialista). Finalmente, hay un Primer Ministro, elegido por el Parlamento, que cumple el rol de Jefe de Estado.

A lo largo de las últimas décadas se ha puesto en evidencia un explícito enfrentamiento entre ambas cámaras de la Dieta japonesa, que representa un claro conflicto de intereses y visiones entre los dos partidos predominantes. Ante la constante oposición de la cámara Alta, Fukuda no pudo tolerar la presión ni la falta de respaldo y presentó su renuncia. Resulta evidente que la política japonesa se enfrenta a una situación de creciente desgaste debido al estancamiento que ocasiona la firmeza de la oposición. Podría decirse que ésta misma es una estrategia que descubre su interés por sustituir al Primer Ministro y posicionar a un hombre de su propia línea de pensamiento.

Sin embargo, los problemas internos japoneses no se limitan únicamente al plano político, sino que tienen su principal efecto en el aspecto económico. El pasado 7 de agosto, el gobierno de Japón admitió que la economía se encuentra en recesión, finalizando así la etapa de crecimiento que venía experimentando desde 2002. Pero esta recesión es, según economistas del país, producto de factores externos, más precisamente de la situación económica de los Estados Unidos. El ministro de Política Económica y Fiscal japonés manifestó que en cuanto ésta se recupere, también lo hará la economía nipona. Al mismo tiempo, el nivel de inflación del país ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 11 años (con un incremento del 2,4% en los precios con respecto al mismo mes del año anterior). Este incremento es causado, principalmente, por productos energéticos y alimenticios, cuyos precios han subido a nivel internacional. Es el décimo mes consecutivo que el índice de inflación se encuentra en alza.

Todo lo mencionado anteriormente afecta de sobremanera a la economía local, perjudicando también la posición del Primer Ministro y del partido gobernante, quienes no supieron lidiar con estas cuestiones, que vienen gestándose desde el momento de su ascenso al poder. Este es también el principal argumento en el que se basa la oposición para criticar la gestión, la incapacidad de hacer frente a la problemática.
No es sencillo imaginar qué sucederá a continuación. Necesariamente deberá llevarse a cabo una nueva elección dentro del Partido Demócrata Liberal para designar quién ocupará el cargo vacante. Pero más allá de ello, las consecuencias sobre la economía, no sólo japonesa sino del resto de la comunidad internacional, serán inevitables. Los efectos de este suceso sólo podrán aplacarse con la elección de un nuevo Jefe de Gobierno que sepa acompañar su acción política con medidas rápidas y efectivas que resuelvan lo que puede convertirse en un verdadero desastre.