La inmigración siempre ha sido un tema controvertido, y una asignatura pendiente para la mayoría de los bloques regionales. Como era de esperar, las reacciones de la mayoría de los mandatarios latinoamericanos no se hicieron esperar, debido a que es un tema que nos afecta directamente. Las vicisitudes económicas en América Latina y las condiciones más estrictas para obtener una visa para Estados Unidos han hecho que la cantidad de inmigrantes latinoamericanos en Europa alcance niveles altos. Cada hora, 58 habitantes de América Latina y el Caribe (casi uno por minuto), salen de sus países de origen con la intención de no regresar, esto es, de convertirse en migrantes, según el último informe de la División de Población, departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU. Frente a ello, el miércoles pasado, el Parlamento Europeo aprobó una dura ley de inmigración que principalmente establece un periodo de detención de hasta 18 meses para los inmigrantes clandestinos y una prohibición por cinco años para volver a ingresar a Europa. La directiva europea ha levantado numerosos malestares entre las ONG, los juristas e intelectuales, ya que consideran que se vulneran y recortan los derechos humanos de los inmigrantes sin papeles.
Una de las reacciones más radicales, fue la del presidente venezolano Hugo Chávez que amenazó con suspender las exportaciones de petróleo a los países europeos que avalen la normativa. El mandatario exhortó al resto de países latinoamericanos, a la Organización de los Estados Americanos y los gobiernos africanos a rechazar la regulación europea.
Otra de las manifestaciones fue protagonizada por el presidente Morales que dijo que la norma que aprobó la Unión Europea (UE) para expulsar a inmigrantes ilegales puede desencadenar violencia y enfrentamientos en Europa y Latinoamérica y anunció que promoverá una campaña internacional de rechazo a esa medida.
La posición del gobierno peruano es lograr una posición conjunta, que afine principios, pero que además permita un mecanismo de diálogo con la UE sobre el tema de la migración.
El presidente del Ecuador, Rafael Correa advirtió que examinará la posibilidad de "cortar los diálogos" con la UE, que buscan suscribir un acuerdo con los países andinos, si no se escuchan los reparos a las nuevas normas europeas sobre los emigrantes. Según datos de la cancillería ecuatoriana, las nuevas normativas afectarían a más de tres millones de inmigrantes provenientes de la CAN (Comunidad Andina), que integran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), lamentó la decisión del Parlamento Europeo, ya que ello contribuye a crear percepciones negativas de la inmigración, y va en un sentido contrario a la libre circulación de las personas y de un más amplio y plena convivencia entre los pueblos. El presidente, Lula Da Silva, declaró estar en contra de la ley aprobada, ya que fue preconcebida por miedo a perder espacio y puestos de trabajo. Agregó, que los países europeos en vez de impedir la inmigración, deberían ayudar al desenvolvimiento de los países más pobres.
Como consecuencia de las expresiones de desagrado y de inquietud originadas, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará, en Washington, la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea, según lo anunció la Secretaría General de la entidad.
Debemos esperar la resolución de la OEA, seguir de cerca las relaciones entre los dos bloques regionales, para así poder analizar cómo se llevarán a cabo estas medidas inmigratorias, y cómo los diferentes gobiernos buscarán una salida para poder solucionar los problemas generados por la normativa, que afectarán a millones de latinos inmigrantes en Europa.
Por: Natalin Faravelli.
