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miércoles, 28 de mayo de 2008

Europa se aleja de Roma, pero también apuesta por el rigor

La Europa de los Derechos del Hombre, que es la misma que cuando se dejó llevar por el odio étnico cayó en catástrofe, retoma hoy el debate de su política para la expulsión de millones de inmigrantes que no tienen papeles. Es gente proveniente de Africa, de China, de Filipinas, de América latina, que trabaja y que trata de integrarse en un Primer Mundo en el que no sólo no tiene papeles, sino tampoco los mismos derechos que quienes le dan trabajo. Las cifras bailan entre los ocho y los doce millones de personas en esa condición, niños incluidos. El debate sobre su futuro se retomará hoy, en Bruselas, con el controvertido proyecto para "fijar normas comunes" entre los 27 países miembros del bloque continental. Y con el objetivo reconocido de facilitar su expulsión. "Tenemos que ser duros con la inmigración irregular porque, si no, a este aluvión no lo para nadie", dijo días atrás el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Era la primera vez que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero usaba semejante discurso para aludir al principal fenómeno social del principio de milenio. Es que el debate de la normativa se retoma bajo un evidente giro hacia una política más dura en materia de inmigración. Eso, por mucho que se reaccione a la pretensión del gobierno de derecha italiano de "criminalizar" al inmigrante irregular. Y que aspira a castigar con seis meses de cárcel el "delito" que, a su juicio, comete quien, empujado por el hambre, se lanza a buscar mejor suerte. El gobierno español fue el primero en reaccionar. "Racista", disparó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aunque luego explicó que no lo había dicho. "Tendría que ver a un psiquiatra", sugirió al premier italiano, Silvio Berlusconi, la todavía ignota ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "Lo que quiere Berlusconi es criminalizar al diferente", cuestionó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho. A efectos prácticos, para el inmigrante que llega sin papeles "¿cuál es la diferencia entre lo que hace España y lo que hace Italia?", se le preguntó. "La diferencia es que en España se respetan los derechos humanos", contestó. Tensiones diplomáticas Hoy, cuando Bruselas retome el debate de los mecanismos para expulsar inmigrantes, llegará a Madrid un enviado de Berlusconi que se reunirá con funcionarios del gobierno de Rodríguez Zapatero. La idea es evitar nuevas tensiones diplomáticas como la generada por las críticas socialistas a las medidas contra la inmigración del gobierno de derecha. Sobre la mesa de trabajo estarán las medidas que aplicó el gobierno socialista. En campaña electoral Rodríguez Zapatero se jactó de haber aumentado las expulsiones de inmigrantes. Y ahora quiere ampliar hasta un máximo de seis meses su plazo de detención y privación de libertad. La Europa que, incómoda, toma distancia de la posición de Berlusconi, gira, sin embargo, hacia una radicalización de sus políticas contra la llegada de extranjeros. Se trata de personas que, en mayoría, entran como turistas camuflados. "Son los esclavos de los tiempos modernos", dijo el eurodiputado conservador alemán Manfred Weber. El proyecto contempla que la expulsión de los sin papeles deberá producirse "sobre base voluntaria". Sin embargo, en caso de que éste se resista, se podrá recurrir a una repatriación forzada y a la aplicación de un plazo de cinco años durante el que se le prohibirá entrar en territorio europeo. Además, establece un período de detención de seis meses para los detenidos, plazo que podrá prolongarse hasta un año y medio. También se baraja reclamar análisis de ADN para quienes pretendan traer a sus familiares bajo la figura del "reagrupamiento familiar". Se da por seguro que Francia, al igual que España, respaldará el nuevo texto. Los dos gobiernos tienen una coincidencia de fondo: no quieren más procesos masivos de regularización de extranjeros. La única alternativa, a la vista, entonces, es expulsarlos poco a poco. Inquietud
ROMA (AFP).- Las medidas adoptadas ayer en Italia contra la inmigración clandestina "podrían amenazar las garantías fundamentales relativas al procedimiento del derecho de asilo", consideró la sección italiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según el Acnur, la nueva legislación permitiría que los refugiados sean expulsados antes de apelar un primer fallo adverso.
Silvia Pisani
Fuente: [La Nación]